La entrada en vigor de la Ley n.º 74 de 2025 marcó un cambio profundo —y preocupante— en el régimen jurídico de la ciudadanía italiana reconocida a los descendientes de italianos nacidos fuera del territorio nacional.
Con la nueva norma, lo que durante décadas fue considerado un derecho pleno y automático, basado en el principio del ius sanguinis (derecho de sangre), pasó a estar condicionado a criterios formales y a plazos burocráticos que comprometen su continuidad, especialmente en el caso de los hijos menores de ciudadanos italianos reconocidos recientemente.
1. El fin de la ciudadanía automática para los hijos menores
Hasta marzo de 2025, la norma era clara: los hijos menores de ciudadanos italianos reconocidos en el extranjero eran considerados italianos desde el nacimiento, siempre que fueran registrados en el consulado. Con la entrada en vigor de la nueva ley, esa garantía dejó de existir.
Si el menor no fue inscrito en el AIRE antes de la entrada en vigor de la ley, los padres ahora deben presentar una declaración formal ante el consulado dentro de un plazo establecido, bajo pena de perder definitivamente esa posibilidad.
Lo que antes era un reconocimiento automático de un derecho originario, ahora depende de un acto formal y condicionado —lo que en la práctica representa una transformación del derecho en una concesión.
2. Una ciudadanía por declaración, no por derecho
La ciudadanía otorgada a estos menores ya no se reconoce como un estatus jurídico pleno. Técnicamente, se trata de una “ciudadanía por concesión”, sujeta a la iniciativa de los padres y a normas estrictas y plazos reducidos. Si los padres no actúan a tiempo, el menor pierde este derecho.
Además, incluso cuando se concede, esta ciudadanía tiene limitaciones importantes en cuanto a su transmisibilidad futura —y ahí es donde se intensifica la desigualdad.
3. Limitaciones en la transmisión: el riesgo de una “ciudadanía estéril”
La nueva legislación impone una condición inédita y especialmente restrictiva: los ciudadanos reconocidos mediante esta nueva modalidad no podrán transmitir la ciudadanía a sus propios hijos, a menos que residan legalmente en Italia durante al menos dos años antes del nacimiento de sus hijos.
Esto significa que, aun siendo formalmente reconocidos como italianos, estas personas no pueden garantizar la continuidad del vínculo jurídico con sus descendientes —creando, en la práctica, una categoría de ciudadanos con ciudadanía limitada, sin los mismos derechos que los demás.
Es una ruptura con el principio de igualdad previsto en la Constitución Italiana, que genera además situaciones familiares profundamente injustas: hermanos, hijos del mismo padre, nacidos con pocos años (o incluso meses) de diferencia, donde uno es italiano pleno y el otro está condicionado por restricciones impuestas por un cambio legislativo repentino.
4. La constitucionalidad en debate
La Constitución de la República Italiana establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Crear una distinción entre ciudadanos de “primera clase” —con ciudadanía plena— y ciudadanos de “segunda clase” —con ciudadanía limitada o no transmisible— es una cuestión que debe ser debatida con atención por el Parlamento, la sociedad civil e, incluso, por los tribunales.
La nueva norma, además de desigual, afecta directamente a menores de edad que no tienen ninguna responsabilidad por el momento o la forma en que fueron registrados, introduciendo una distinción jurídica que contradice los valores fundamentales del ordenamiento italiano y europeo.
Conclusión: una reforma que excluye
La Ley n.º 74/2025 fue presentada como una modernización, pero en la práctica produjo un efecto de exclusión. Transformó derechos consolidados en requisitos burocráticos difíciles de cumplir, y creó ciudadanos reconocidos pero limitados —incapaces de transmitir su ciudadanía de forma plena.
Esta desigualdad necesita ser revisada. El vínculo con la ciudadanía italiana se construye sobre sangre, historia, pertenencia y continuidad —no debería romperse por un formalismo legal que ignora la realidad de las familias y de las trayectorias migratorias.
Si su familia se ha visto afectada por estos cambios, nuestro despacho está disponible para brindar orientación y actuar jurídicamente en los casos donde exista base legal para ello.
Seguiremos comprometidos con la defensa de los derechos de los descendientes de italianos que, hace décadas, dejaron su tierra en busca de mejores condiciones de vida —un vínculo que la ley no puede ignorar.