El 31 de julio de 2025, la Corte Constitucional de Italia publicó la sentencia n.º 142/2025, en respuesta a cuestiones planteadas por tribunales ordinarios de las ciudades de Bolonia, Milán, Roma y Florencia. La decisión reafirma la constitucionalidad de la Ley n.º 91 de 1992, que regula el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis), y refuerza la interpretación de que este derecho es permanente, imprescriptible y no está condicionado a vínculos territoriales ni a límites generacionales.
Contexto de la decisión
Las cuestiones sometidas al Tribunal Constitucional partían de la premisa de que sería desproporcionado —y potencialmente inconstitucional— reconocer la ciudadanía italiana a personas descendientes de emigrantes que dejaron Italia hace más de un siglo, sin ningún vínculo actual con el país. Los jueces plantearon dudas sobre la ausencia de restricciones temporales o generacionales en la legislación vigente.
La Corte, sin embargo, fue clara en su respuesta: la ciudadanía italiana por descendencia es compatible con la Constitución, ya que deriva de una elección legislativa legítima que reconoce el papel histórico de la emigración italiana y el derecho al estatus jurídico basado en la sangre, independientemente del paso del tiempo.
Tres principios fundamentales de la decisión
La sentencia se basa en tres pilares jurídicos esenciales:
- Reserva de competencia legislativa: solo el Parlamento tiene la facultad de modificar las normas relativas a la ciudadanía. El Poder Judicial, incluida la propia Corte Constitucional, no puede limitar derechos donde la legislación vigente no lo hace.
- Ciudadanía como derecho fundamental: según el artículo 22 de la Constitución Italiana, la ciudadanía es una condición jurídica personal que no puede ser retirada ni restringida de forma arbitraria, especialmente cuando se basa en el nacimiento y en la legítima descendencia.
- Respeto a la función jurisdiccional: la Corte subrayó que no le corresponde al Poder Judicial reescribir o corregir la ley según interpretaciones subjetivas, salvo en los casos en que exista una violación clara de la Constitución.
Implicaciones sobre la nueva Ley n.º 74/2025
Aunque la sentencia no trata directamente de la nueva Ley n.º 74 de 2025 —que introdujo cambios significativos en los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía italiana—, sus efectos indirectos son relevantes. La decisión fortalece los argumentos jurídicos de quienes cuestionan la constitucionalidad de la nueva legislación, especialmente en lo que respecta:
- a la aplicación retroactiva de las nuevas reglas a procedimientos ya iniciados;
- a la violación del principio de confianza legítima;
- a la supresión de un estatus jurídico consolidado, amparado por la legislación anterior y por una jurisprudencia estable.
Entre los aspectos más controvertidos de la nueva ley se encuentran la exigencia de residencia obligatoria en Italia, la exclusión de descendientes cuyo ascendiente perdió la ciudadanía, la limitación del reconocimiento solo a hijos y nietos de italianos y el intento de aplicar estas nuevas restricciones a casos ya protocolados con anterioridad.
En este sentido, la sentencia n.º 142/2025 se convierte en un precedente relevante al demostrar que la ciudadanía por sangre es un derecho reconocido desde el nacimiento y que no puede ser objeto de restricciones arbitrarias —mucho menos con efectos retroactivos.
Repercusión práctica para los italo-descendientes
Para los descendientes de italianos que ya han iniciado su solicitud de reconocimiento de la ciudadanía, especialmente en procesos judiciales anteriores a marzo de 2025, esta decisión puede ser determinante. La Corte reafirma que el régimen jurídico anterior siguió siendo válido y legítimo hasta la reciente modificación legislativa, lo que refuerza la protección de los procesos en curso frente a una retroactividad indebida.
Se espera, además, una segunda decisión del Tribunal Constitucional en los próximos meses, esta vez sobre el controvertido artículo 3-bis de la nueva ley, que podrá definir el alcance definitivo de las restricciones introducidas por el legislador.
Conclusión
La decisión de la Corte Constitucional refuerza los fundamentos jurídicos de las acciones que venimos presentando en defensa de los descendientes de italianos en todo el mundo. Confirma que la ciudadanía italiana por sangre es un derecho legítimo, estable y que no puede ser restringido de manera arbitraria ni anulado por legislaciones retroactivas.
Se trata de una señal clara de que el ordenamiento jurídico italiano sigue reconociendo el valor histórico y jurídico de la ciudadanía por descendencia.
Seguiremos actuando con firmeza, presentando los recursos correspondientes contra la Ley n.º 74/2025, convencidos de que los lazos con las raíces no pueden romperse por simples cambios legislativos.
Si tiene dudas sobre cómo esta decisión puede impactar su caso, no dude en contactarnos.
Cada historia tiene fuerza —y puede ser el punto de partida para la afirmación de un derecho legítimo.