Maniobra presupuestaria de Italia para 2025: aumento de las tasas para los solicitantes de la ciudadanía ius sanguini

La batalla del gobierno italiano contra aquellos que tienen el derecho de solicitar la ciudadanía italiana ius sanguinis continúa. De hecho, tras las declaraciones realizadas en São Paulo por el Ministro Tajani sobre el nuevo proyecto de ley que introduciría algunas limitaciones nuevas e importantes para aquellos que, en virtud de sus orígenes italianos, desean solicitar la ciudadanía, la maniobra financiera también ha llegado para arruinar los sueños de un número cada vez mayor de interesados en la ciudadanía italiana.

La nueva maniobra presupuestaria para 2025, firmada por el Presidente de la República y que será sometida al Parlamento en los próximos días, prevé la introducción de una tasa de 600 euros para cada solicitante de ciudadanía italiana ante los tribunales italianos.

En concreto, esta es una tasa que debe ser pagada por cada solicitante, incluso si la solicitud se realiza de forma conjunta en el mismo caso.

Desde ya, vale la pena señalar que esta norma aún no ha sido aprobada y que, sin duda, sabremos más sobre ella a mediados de noviembre, cuando también hayan expirado los plazos para la aprobación de posibles enmiendas a la maniobra. En el texto actual, ni siquiera los menores de edad están exentos de la nueva contribución.

No obstante, ciertamente podemos ver cómo el gobierno italiano ha centrado su atención en el número cada vez mayor de solicitudes que han llevado al congestionamiento de los tribunales y de muchas alcaldías italianas, que se han visto abrumadas por este tipo de solicitudes.

Aunque ciertamente es prematuro llegar a cualquier conclusión, precisamente porque se trata de una norma que aún no ha sido aprobada, podemos suponer cómo este impuesto debería apoyar a los tribunales y a los municipios, que hoy se encuentran en una situación de clara dificultad para manejar las numerosas solicitudes.

Por otro lado, sin embargo, surgen algunas dudas respecto a la legitimidad de esta norma, tanto en relación con el Convenio bilateral Italia-Brasil que garantiza el pleno acceso a la justicia, como al hecho de que el Estado italiano gravaría únicamente a aquellos que actúan contra el mismo Estado (en particular, el Ministero dell’Interno) en virtud del mal funcionamiento de los Consulados italianos que están bajo la responsabilidad del mismo Ministerio.

¡El debate ya está abierto!

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